Organizado por el Instituto de Gobernanza Democrática (Globernance) se acaba de desarrollar el Congreso “Internet y el futuro de la democracia” en la sede del Parlamento vasco, que ha incluido una mesa redonda sobre “Redes sociales y vida privada”. La configuración de la mesa ha permitido abordar este complejo fenómeno desde diversas dimensiones, incluyendo la perspectiva empresarial de algunos de los más destacados operadores españoles del sector, así como la que aporta la sociología, pero también se ha prestado especial atención al fenómeno desde la perspectiva jurídica.
Precisamente, un aspecto muy destacable es el que tiene que ver con la dimensión internacional del régimen europeo en materia de protección de datos personales, actualmente en proceso de revisión. Por una parte, se ha planteado cómo prestadores de estos servicios establecidos en terceros Estados pueden disfrutar de una ventaja competitiva en la medida en que una deficiente aplicación de la normativa por parte de las autoridades competentes de los Estados miembros de la UE a esos prestadores les permita proporcionar ese tipo de servicios a usuarios situados en la UE sin tener que introducir y aplicar las costosas exigencias y restrictivas practicas que, para proteger a los afectados cuyos datos son objeto de tratamiento, impone la legislación europea. Por otra, en relación con el actual proceso de revisión normativa en la materia en el seno de la UE se ha puesto de relieve como un aspecto a tener muy en cuenta en la eventual unificación de las normas por medio de un reglamento es el relativo a la determinación del Estado miembro (o Estados miembros) cuyas autoridades en materia de protección de datos son competentes para el control de las actividades de los prestadores de estos servicios, siendo clave asegurar que las normas del eventual reglamento se aplicarán con el mismo rigor por las autoridades de todos los Estados miembros.
