miércoles, 17 de enero de 2018

La propiedad intelectual en el proyecto de convenio mundial sobre exequatur

          El carácter territorial de los derechos de propiedad intelectual (en sentido amplio, incluyendo los derechos de autor y derechos conexos así como los de propiedad industrial) ha servido de base tradicionalmente en algunos ordenamientos para rechazar la atribución de competencia a sus tribunales con respecto a la infracción de derechos de (y en) países distintos al foro. Se trata de un planteamiento ya claramente superado en la mayoría de sistemas -como en el régimen común de la UE-, en los que es claro que la naturaleza territorial de estos derechos no excluye que los tribunales de un Estado (por ejemplo, los del domicilio del demandado) puedan conocer de la infracción de derechos de otros Estados. La competencia exclusiva de los tribunales del Estado de registro se limita en el Reglamento Bruselas I bis a los litigios relativos a la validez o la inscripción de derechos sometidos a registro (art. 24.4), de modo que no abarca en principio los litigios relativos a la infracción y, en particular, quedan por completo al margen de la misma los litigios relativos a la violación de derechos de autor o derechos conexos. En los litigios relativos a la infracción de derechos de propiedad intelectual de Estados distintos al foro el respeto al carácter territorial de la propiedad intelectual queda asegurado en la medida en que la regla de conflicto establece imperativamente la aplicación de la ley del país para el que se reclama la protección (art. 8 Reglamento Roma II), lo que conduce a la aplicación de la legislación de cada uno de los países cuyos derechos supuestamente se han infringido con respecto a su correspondiente territorio. La globalización y la llamada sociedad de la información dotan de mayor importancia a la posibilidad de ejercitar ante los tribunales de un Estado acciones relativas a la infracción por un mismo demandado de derechos de varios países, entre otros factores, debido a que tales infracciones pueden ser resultado de una misma actividad, por ejemplo la puesta a disposición de ciertos contenidos a través de un sitio de Internet. En este contexto, suscita particular interés la eventual inclusión de la propiedad intelectual en el ámbito de aplicación del Convenio sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil en elaboración en la Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado.

lunes, 8 de enero de 2018

The Rome I and Rome II Regulations in International Commercial Arbitration

           Entre los trabajos que he depositado últimamente en el repositorio institucional E-Prints UCM se encuentra el titulado The Rome I and Rome II Regulations in International Commercial Arbitration”, publicado en EEUU en el libro The Impact of EU Law on International Commercial Arbitration, pags. 177-243. 

Séptima edición de Derecho internacional privado: Textos y materiales

           Se ha publicado la séptima edición de la obra Derecho internacional privado: Textos y Materiales, Thomson-Reuters Civitas, 2018. En el plano legislativo las novedades durante el año 2017 han sido escasas, y la edición anterior recogía ya los instrumentos más recientes adoptados en el ámbito de la UE, aunque todavía no resultaran de aplicación, como el Reglamento (UE) 2016/1103 en materia de regímenes económicos matrimoniales. Por ello, junto a ciertas actualizaciones de los textos legales ya incluidos, las principales novedades de esta edición son algunas sentencias de especial relevancia pronunciadas en 2017, como las SSTJUE de 5 de octubre de 2017, Hanssen Beleggingen, C-341/16; 15 de febrero de 2017, W, C-499/15; y de 17 de octubre de 2017, Bolagsupplysningen, C 194/16.

viernes, 22 de diciembre de 2017

Las sentencias Uber, Schweppes y Valach del Tribunal de Justicia

         Más allá de la sentencia Uber, anteayer dejó un número inusual de sentencias del Tribunal de Justicia de especial interés en relación con las materias objeto de atención en este blog. Se trata, además, de resoluciones referidas a sectores de la realidad social muy dispares, lo que es un buen reflejo de la evolución de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, de los ámbitos sobre los que se proyecta, y de su trascendencia. Merecen especial atención, por ejemplo, la sentencia Schweppes sobre el alcance del agotamiento transfronterizo de las marcas o la sentencia Nowak acerca del concepto de dato personal. Además, en el ámbito estricto del Derecho internacional privado, cabe reseñar las sentencias Sahyouni, acerca de la no aplicación del Reglamento 1259/2010 al divorcio resultante de una declaración unilateral ante un tribunal religioso, Schlömp sobre el significado de los procedimientos obligatorios de conciliación a los efectos de la litispendencia internacional, y la sentencia Valach relativa a la delimitación entre el Reglamento de insolvencia y el Reglamento Bruselas I bis en relación con ciertas acciones ejercitadas en el marco de una reestructuración empresarial. Dedicaré esta última entrada del año a volver sobre el asunto Uber y sus implicaciones en relación con el concepto de servicios de la sociedad de la información al que ya me referí en una entrada anterior, así como a dar breve cuenta de qué aportan las sentencias Schweppes y Valach.

lunes, 11 de diciembre de 2017

Plataformas en línea: principios y directrices de la Comisión sobre contenidos ilícitos

             Tenía pendiente referirme a la Comunicación publicada hace varias semanas por la Comisión Europea en la que proporciona principios y directrices a las plataformas en línea para que intensifiquen su lucha contra los contenidos ilícitos, COM(2017) 555 final. Se trata de un interesante documento que refleja las insuficiencias del Derecho de la Unión en este ámbito. La nueva Comunicación proporciona pautas de actuación a los operadores de dichas plataformas que habrán de prestar especial atención a estas directrices. No obstante, el enfoque adoptado en algún aspecto clave parece presentar carencias, incluso desde la perspectiva de la situación actual del Derecho europeo, en relación con el objetivo pretendido según el propio título del documento, encaminado a la exigencia de una mayor responsabilidad (“enhanced responsibility”, en la versión en inglés, “responsabilité accrue”, en la versión francesa) de las plataformas en línea. Me limitaré en esta reseña a hacer algunas referencias al contenido básico de este documento, su potencial significado y algunas carencias de su enfoque.

How European is European Private International Law?

Bajo este título se celebrará los días 2 y 3 de marzo un congreso en Berlín, con el propósito de analizar en qué medida la unificación legislativa del Derecho internacional privado ha dado lugar al desarrollo de una verdadera práctica uniforme en relación con esta disciplina en todos los Estados miembros. Entre los temas que serán objeto de debate se incluyen: la relación entre los instrumentos de DIPr de la UE, los de fuente internacional y los regímenes nacionales en la materia; la aplicación de los instrumentos de la Unión y el tratamiento del Derecho extranjero; el papel desempeñado por los tribunales nacionales y la organización de los sistemas jurisdiccionales de los Estados miembros; el progresivo desarrollo de un orden público europeo; la repercusión de las diferentes tradiciones doctrinales de los Estados miembros así como de las disparidades en el ámbito de la formación jurídica. 

miércoles, 29 de noviembre de 2017

Servicios de grabación remota (en la nube) y límites a la copia privada

           En su sentencia de hoy en el asunto C-265/16, VCAST, el Tribunal de Justicia pone de relieve la incompatibilidad con el Derecho de la Unión de un servicio consistente en la puesta a disposición a través de Internet por una empresa de un sistema de grabación de video en un espacio de almacenamiento en la nube de emisiones de televisión libremente accesibles por vía terrestre cuando la empresa  capta la señal de televisión y graba la franja horaria de emisión seleccionada por el usuario, de modo que éste pueda acceder a los programas almacenados en la nube cuando desea. Es decir, aunque el usuario es quien selecciona qué programas desea que se graben, es el prestador del servicio el que pone a disposición del usuario los programas, procediendo previamente a su captación y grabación, para facilitar con posterioridad el acceso al usuario. El Tribunal de Justicia considera que ni el criterio del país de origen –el prestador del servicio es una sociedad inglesa y el servicio iba referido a emisiones de organismos de televisión italianos- de la Directiva 2000/31 sobre el comercio electrónico, ni la configuración del límite de copia privada en la Directiva 2001/29 sobre los derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información permiten avalar la licitud de ese modelo de negocio cuando se presta sin la autorización previa del titular de los derechos de autor sobre las obras afectadas.